Lenia Batres Guadarrama
El PAN nos aleja más y más y más de la ansiada transición democrática que lo llevó al poder en el año 2000.
Lejos quedó el “Estado de derecho” como discurso en los actos de gobierno, tan recurrido por el inepto Fox. Aunque se reducía a la alusión de alguna norma legal para la utilización de la fuerza pública, y no a la formación democrática del derecho, Calderón no intenta siquiera sustentar en alguna fuente legítima los actos de su gobierno.
Por el contrario, el Estado mexicano se consolida como el gran violador de las leyes.
Fraude electoral del 2006, Oaxaca, San Salvador Atenco, Lydia Cacho, Ernestina Ascencio y ahora los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, son muestra de la cada vez más cínica violación legal.
A Calderón no le es suficiente promover reformas autoritarias a las leyes, tiene que violar las leyes existentes para el avance de su proyecto autoritario de derecha.
Es por ello que la dependencia de este gobierno hacia los poderes fácticos se torna como sustituto fundamental de la legitimidad política. Entre esos poderes, las empresas de radio y televisión son fundamentales. Les concede y le conceden. El Calderón presidente sólo existe en la imagen y voz de los medios de comunicación. Por eso, se han volcado en un autoritarismo y unificación de opinión política similar a la del PRI asfixiante de los setenta.
Desde noviembre de 2007 se introdujo a nuestra Constitución, en su artículo 6º, el derecho de réplica. La reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales del 14 de enero de 2008 obligaba a que “a más tardar el 30 de abril de 2008”, el Congreso de la Unión expidiera la ley reglamentaria, con el fin de que sirviera a los candidatos y partidos durante las elecciones pasadas.
Pero no podemos hacer efectivo este derecho constitucional vigente desde hace dos años porque no se ha emitido ley que lo regule.
Parece que no le urge a nadie. Voceros de los medios y gobierno abusan en afirmaciones dolosas, mentirosas e infames contra la oposición a Calderón. El colmo es esta ola de un mes para acá en contra de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y su sindicato. Y no tienen derecho a hacer aclaraciones siquiera. Y qué decir de los últimos tres años en los que ni Andrés Manuel López Obrador ni quienes participamos en las manifestaciones sociales con él tenemos derecho a existir.
Hace unos días concluyó la controversia civil que Marta Sahagún promovió en 2005 contra la revista Proceso y la periodista Olga Wornat por la publicación del artículo “Historia de una anulación sospechosa”, en el que la escritora argentina detallaba el procedimiento que siguió la señora Sahagún para obtener el divorcio religioso de su primer matrimonio.
Hasta ahora desconocemos los argumentos jurídicos que llevaron a los jueces a sentenciar con el pago de una indemnización de medio millón de pesos a la escritora y a absolver a la revista de la responsabilidad del daño moral demandado, de acuerdo con la información que publicaron los diarios.
La Suprema Corte pudo haber garantizado el derecho de réplica para la señora Sahagún en esos casos, aprovechando la existencia del derecho constitucional. En vez de ello, dejó un pésimo precedente intimidatorio para los periodistas que den a conocer información personal de personajes poderosos.
Para resguardar la libertad de expresión y el derecho a la información, sin vulnerar inadecuadamente la “fama pública” de las personas o su intimidad, sería más apropiada, más sencilla, transparente y equitativa la rectificación o réplica, en esos casos. Pero es más importante, sin duda, regular este derecho para impedir la impunidad de la “versión oficial”.
Actualmente, en el Congreso de la Unión hay seis iniciativas para regular el derecho de réplica: una del PT, dos del PRD, una del PRI y dos del PAN.
Las propuestas no se oponen en cuanto a la parte interpretativa del derecho de réplica. Sus diferencias se encuentran en el mecanismo mediante el cual se haría efectivo este derecho constitucional.
Mientras que las iniciativas del PAN proponen que los particulares soliciten la réplica a través de un procedimiento administrativo ante la Secretaría de Gobernación, las del PRD, PT y PRI plantean que se siga un proceso ante un juez y sea éste la autoridad responsable de hacerlo valer.
La última iniciativa, de “Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica”, presentada por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del PT, el 23 de septiembre pasado, mejora el procedimiento propuesto en las dos iniciativas del PRD, generando un juicio sumario especial seguido ante un juez federal, con una figura de publicación precautoria, como medida de seguridad, antes de que finalice el juicio.
Ojalá que el recién reintegrado Frente Amplio Progresista presione la regulación del derecho de réplica. De lo contrario, los agraviados tendrán que buscar ya la protección de instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como en el caso de Argentina hace dos años, dio la razón a un particular contra el Estado y lo presionó para regular este derecho que no estaba en su Constitución pero sí en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos suscrita por el Estado argentino y también por el mexicano…
