Lenia
Batres Guadarrama
Sólo
hay dos escenarios posibles posteriores al fraude electoral del primero de
julio: insurgencia pacífica, anulación de la elección y nuevo sufragio o
resistencia civil pacífica en un sexenio podrido más…
1. Insurgencia pacífica, anulación de
la elección y nuevo sufragio
Serviles
“analistas” del régimen, unos priistas como Jorge Alcocer, otros periodistas
como Pedro Ferriz o Alan Arias Marín, estuvieron insistiendo en estos días
posteriores a la jornada electoral en que las elecciones presidenciales no se pueden
anular.
Simplistas,
señalaban que si la compra del
voto no estaba prevista como causal de nulidad en la ley, no se le podía
invocar para demandar la anulación de la elección. Según ellos, además, no es
posible documentarla. Indicaban, asimismo, que si el principio constitucional
de la libertad del voto no estaba establecido en la ley electoral como causal
de anulación tampoco era recurrible.
Afortunadamente,
los principios de defensa
jurídica garantistas, que sitúan a las normas constitucionales como derecho
aplicable, afortunadamente han ido ganando espacio en el derecho sustantivo,
sobre todo internacional.
Finalmente,
este jueves, Andrés Manuel López Obrador presentó la demanda de invalidez de la
elección presidencial con base en la información que Morena, el Movimiento
Progresista y mexicanos en general estuvieron entregando a convocatoria
expresa.
La
demanda se basa en la compra de votos con dinero
en efectivo, tarjetas para la obtención de mercancías, despensas, materiales de
construcción, fertilizantes y otras dádivas; el uso de recursos de procedencia
ilícita ejercidos para ese fin; la compra de publicidad con la modalidad de encuestas
hechas a modo, y el pago de la estructura para ejecutar este plan. Todo ello,
rebasando el tope de gasto de campaña en más de 4,000 millones de pesos. Además,
se documenta la introducción ilegal a las urnas de boletas marcadas a favor de
Peña Nieto.
En la demanda se prueba la compra de cerca de cinco millones
de votos. López Obrador señalo que tan sólo en el Estado de México, Veracruz y
Chiapas se adquirieron alrededor de dos millones de votos y destacó que las
zona pobres del país fueron las que, atípicamente, registraron la mayor
participación electoral y en las que, justamente, el PRI obtuvo la mayor
cantidad de votos.
En resumen, la demanda sustenta que la compra y manipulación
de millones de votos no otorga certeza al proceso electoral en su conjunto y
acredita la violación al párrafo segundo del artículo 41 de la Constitución,
que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas. Y en ese tenor
se demanda la invalidez de la elección presidencial. Su efecto, obviamente, es
la nulidad misma de la elección.
En
cuanto a la argumentación jurídica que se sostuvo, vale la pena comentar que el
equipo que elaboró la demanda, para responder a los argumentos limitativos que
trataron de desestimar la viabilidad de la nulidad de la elección presidencial,
argumentó que existían dos vías para anular el resultado: la nulidad y la
invalidez.
El
objetivo era poner el acento en el cuestionamiento amplio de la elección en su
conjunto y no en la cuantificación de irregularidades en casillas específicas a
que obligaba situar la impugnación en la nulidad.
Si
bien las reformas electorales de 2007 introdujeron la nulidad de la elección
presidencial (Art. 56, inciso h de la Ley General del Sistema de Medios de
impugnación en Materia Electoral) en su
artículo 75 impuso la necesidad de documentar violaciones muy específicas. Sólo
el inciso k de ese artículo señaló una causal un poco más amplia: la existencia
de “irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la
jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma
evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el
resultado de la misma”.
Por
eso, y dada la persistencia en la omisión del IFE de realizar una fiscalización
más eficiente, así como de tomar medidas preventivas para impedir la perversión
de la elección, aún no se tienen resultados del impacto de la compra de votos
en todo el país. Con cinco millones de votos documentados en la demanda, se
aproxima una cifra que pone en duda la equidad, la libertad y la autenticidad
de los comicios en su conjunto. De allí que se recurrió a la argumentación de
una causal genérica de violación de la elección que ya había utilizado el
propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en otros comicios
para su anulación, que es esta violación a principios constitucionales.
Cabe
finalmente agregar al respecto, que queda a salvo la protección que el voto
tiene en el sistema internacional de derechos humanos, al que no deberíamos
recurrir pero que finalmente se encuentra allí como instancia reconocida ahora
plenamente por nuestra Constitución.
La Declaración
Universal de Derechos Humanos, en su artículo 21, numeral 3, señala que la voluntad del pueblo se expresará
mediante “elecciones auténticas” que habrán de celebrarse periódicamente, por
sufragio universal e “igual” y por voto secreto u otro procedimiento
equivalente que garantice la “libertad del voto”.
La
Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José,
indica en su artículo 23, numeral 1, inciso b), que los ciudadanos tenemos
derecho a votar y ser elegidos en elecciones periódicas “auténticas”,
realizadas por sufragio universal e “igual” y por voto secreto “que garantice
la libre expresión de la voluntad de los electores”.
Es
decir, el derecho internacional reconoce los mismos principios de sufragio
libre y auténtico cuya violación se alega ahora, con lo que podríamos acudir a
instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos si
el Tribunal Electoral no asume la defensa del sufragio mexicano.
2. Resistencia civil pacífica en un
sexenio podrido más
En
caso de que la vía legal, de la que todos somos escépticos, falle a favor de la
impunidad priista, nos quedará acudir a un sexenio de resistencia más…
Y
habrá que presionar y presionar para que no pasen las contrarreformas
“estructurales” que el neoliberalismo prianista tiene pendientes en su agenda,
y mantener un movimiento como el que estos seis años logró encabezar con
audacia y responsabilidad Andrés Manuel López Obrador.
No
queremos este escenario. Merecemos el de la esperanza que la trampa del cártel
priista no permite a los mexicanos.
Aún
no está escrito nada. Pero ya lo estamos escribiendo. El sábado 7 de julio, a
una semana de la elección, millones de personas, con convocatoria exclusiva en
redes sociales, nos movilizamos en más de 70 ciudades de todas las entidades
federativas del país:
Transcribo
la lista porque ningún medio de comunicación lo hizo y seguramente será en al
menos estas ciudades en las que se vuelva a movilizar la gente este sábado 14:
Aguascalientes:
Aguascalientes
Baja
California: Tijuana, Ensenada
Baja
California Sur: La Paz, Los Cabos
Campeche:
Campeche, Ciudad del Carmen
Coahuila:
Torreón, Aguaprieta, Saltillo
Colima:
Colima
Chiapas:
Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas
Chihuahua:
Chihuahua
Durango:
Durango, Gómez Palacio
Estado
de México: Toluca
Guanajuato:
Guanajuato, Celaya, Irapuato, León
Guerrero:
Acapulco, Chilpancingo
Hidalgo:
Pachuca
Jalisco:
Guadalajara, Puerto Vallarta
Michoacán:
Morelia
Morelos:
Cuernavaca
Nuevo
León: Monterrey
Oaxaca:
Oaxaca
Puebla:
Puebla, Atlixco
Querétaro:
Querétaro, San Juan del Río
Quintana
Roo: Cancún, Chetumal, Playa del Carmen
San
Luis Potosí: San Luis Potosí
Sinaloa:
Culiacán
Sonora:
Hermosillo, Ciudad Obregón
Tamaulipas:
Ciudad Victoria, Matamoros, Tampico
Tlaxcala:
Tlaxcala
Tabasco:
Villahermosa
Veracruz:
Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Xalapa, Orizaba, Poza Rica
Yucatán:
Mérida
Zacatecas:
Zacatecas
Empieza
la insurgencia pacífica y con ella la esperanza de obtener la democracia que
ganó México en la intención del voto libre el primero de julio.
Revista EMET, 14 de julio de 2012.
Revista EMET, 14 de julio de 2012.
