Análisis del V Informe de Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León en materia de política interior. Posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la comparecencia del Secretario Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.
Cámara de Diputados, 14 de septiembre de 1999.
Compañeras y compañeros diputados
Señor secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco:
Ha correspondido a usted subsanar la grave omisión del mensaje rendido por el presidente Ernesto Zedillo, el 1o. de septiembre en este recinto. Me refiero al informe que debió brindar a la nación respecto del estado que guarda la política interior mexicana.Resulta irónico que tenga que ser usted, con apenas tres meses al frente de la Secretaría de Gobernación y no el propio Presidente, quien venga a dar cuenta de los cinco años de equivocaciones, omisiones e ineptitudes del Gobierno actual. Pero si una constante ha existido en esta administración ha sido justamente ésa: la permanente evasión de los grandes problemas nacionales.
Al inicio de su sexenio el presidente Ernesto Zedillo se comprometió a concluir la incipiente reforma política, a resolver el problema de la inseguridad pública, a lograr una paz digna en Chiapas. A cinco años de distancia hasta ahora todo ha parecido indicar que el Ejecutivo Federal no sólo no logrará ninguno de esos objetivos, sino que heredará al nuevo Gobierno ésos y nuevos conflictos más, como el de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Avanzar en la reforma política habría significado establecer un diálogo permanente con todas las fuerzas del país; habría implicado consensar con los partidos y organizaciones las reglas electorales que satisficieran a todos; habría también implicado respetar y fortalecer a este Poder Legislativo que reclama su carácter de representación popular; concluir la transferencia de facultades políticas para los ciudadanos del Distrito Federal, también era parte de la reforma política.
Desgraciadamente el diálogo se ha truncado una y otra vez; la soberbia con que el Ejecutivo Federal ha tratado a este Poder Legislativo es la prueba más ominosa de la incapacidad de dialogar fuera de las estructuras tradicionales del poder. Usted mismo se negó a recibir a diputados que únicamente buscábamos una explicación del convenio que en materia de militarización policiaca suscribió el Ejecutivo Federal.
Ese ha sido el colmo de su Gobierno, la permanente negativa a entregarnos información solicitada por esta soberanía, no sólo la de Banca Unión, el convenio de la transferencia de la Secretaría de la Defensa a la Policía Federal Preventiva nos fue entregado después de tres meses de haberlo solicitado, pero incompleto. El Ejecutivo decidió no darnos información del contenido de la transferencia. No existe, señor Secretario, base alguna legal para omitirnos esa información.
Usted se comprometió también con legisladores de la Comisión de Seguridad Pública, a invitarnos a las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad, no ha cumplido.Es cierto, el Gobierno Federal no estaba preparado para la pluralidad política. Ningún gobierno del PRI lo ha estado. De ahí que el PRD se encuentre convencido de que no podrá concluirse la reforma política mientras sea su partido el que encabece el Gobierno y digo esto no porque pensemos que el Presidente debe continuar concentrando virtud y defectos de todos los problemas y de todas las soluciones, desafortunadamente nuestro marco jurídico sigue otorgando al poder presidencial inmensas facultades y absurdos candados y la realidad es palpable, más de 200 legisladores de esta Cámara y 100 de la colegisladora, siguen atenidos a una sola voluntad: la presidencial.
Si el doctor Zedillo quiere renunciar a las suprafacultades que le dan los usos y costumbres del poder priísta, como ha manfiestado en diversas ocasiones, todavía tiene dos alternativas: hacerlo entender a los legisladores de su partido o pedirles aprobar las reformas que doten por fin de facultades a este Poder Legislativo.
Tenga la seguridad licenciado Diódoro Carrasco, que nosotros sí utilizaremos esas atribuciones para resolver los conflictos nacionales.
En materia de seguridad pública a pesar de ser la única materia en la que se registran estrategias concretas, casi al terminar el sexenio tampoco existen grandes avances. No podemos decir que no se haya hecho nada; Ernesto Zedillo afirmó en esta tribuna que el Estado no ha cumplido esta demanda de los mexicanos y en su muy recurrida evasión de responsabilidad, se refería al Estado en su acepción más amplia o sea los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno.
El informe legislativo que brindó el Ejecutivo en materia de seguridad pública, es decir los cinco dictámenes de reformas constitucionales, los 64 de modificaciones a la legislación secundaria y los 11 cuerpos jurídicos en la materia, nuevos, indican claramente que este Poder Legislativo no es el que ha incumplido su compromiso para avanzar en mejores instituciones de procuración e impartición de justicia. Desde el primer año de Gobierno, desde su Plan Nacional de Desarrollo, Ernesto Zedillo impulsó diversas reformas que aunque no en todas hemos coincidido, buscaban garantizar la seguridad de la ciudadania; se creo el Sistema Nacional de Seguridad Pública bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación, se aprobaron normas contra el crimen organizado, se reconceptualizó la seguridad pública, debido a que las modificaciones institucionales planteadas en su Programa Nacional de Seguridad Pública se agotaron en la legislatura pasada y no se observaban resultados, Zedillo lanzó otro programa el año pasado. También tenía su base en diversas reformas legislativas. Se incrementaron penas a delitos como el robo en carreteras y el tráfico de armas, se tipificaron nuevos delitos graves, se dificultó la preliberación y el amparo a presuntos delincuentes, se simplificó ciertamente la integración de las averiguaciones previas.
El Congreso ha cumplido aprobando todas las reformas planteadas por el Ejecutivo y añadiendo otras como las que se refieren a la violencia intrafamiliar, a la corrupción de menores, a los delitos de cuello blanco y a la protección de las víctimas.
No obstante todas estas reformas, no planeadas hace cinco años, tampoco llega el momento en que se observen resultados.
Es cierto que de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública los índices de delincuencia en la República comienzan a bajar por segundo año consecutivo, al pasar de 1 millón 491 mil en 1997 a 1 millón 292 mil estimados para este año, sí continúa la tendencia registrada en los primeros seis meses.
Sin embargo, en estados como Baja California, primer lugar en incidencia delictiva con 6 mil 390 delitos por cada 100 mil habitantes, es decir, casi seis veces los registrados en la Ciudad de México, sigue incrementándose la delincuencia.
Lo mismo sucede en Chiapas, Estado que nunca figuró entre los que registraban mayores índices criminales antes de este sexenio y en el último año representa, junto con Oaxaca y San Luis Potosí, una de las entidades con mayor crecimiento delincuencial.Igualmente el Estado de México, Jalisco, Michoacán y Puebla siguen ocupando los primeros lugares en cantidad neta de homicidios cometidos anualmente.
En este aspecto, el Estado de México ha triplicado, por tercer año consecutivo, a la cantidad de crímenes cometidos en el Distrito Federal.
Estas cifras lo único que quieren demostrar es que el Gobierno del doctor Zedillo va a culminar con los mismos problemas con los que comenzó y es que no bastan las reformas legislativas y las nuevas instituciones que podamos crear. De qué nos sirven, señor Secretario, penas que asemejan ya la cadena perpetua si delincuentes como Mario Villanueva Madrid y Carlos Cabal Peniche se encuentran prófugos de la justicia mexicana .
De qué nos sirve el agravamiento de las penas a los delitos de cuello blanco, si de la mayor estafa a la nación, el Fobaproa, no habrá un solo sentenciado.
De qué nos sirve haber incrementado la pena del delito de homicidio y tipificar el crimen organizado como grave, si los autores intelectuales del genocidio más brutal que ha vivido nuestro país en los últimos 30 años, la matanza de Acteal, siguen libres.
Para qué tener las mejores leyes si seguimos padeciendo la impunidad, señor Secretario. Lo que ha faltado para que funcione la seguridad pública de nuestro país es únicamente la voluntad, no del Poder Legislativo, parcialmente del Judicial, pero absolutamente del Poder Ejecutivo.
El doctor Zedillo terminará su Gobierno repitiendo lo que nos ha dicho el día 1o., que no ha podido hacer nada contra la delincuencia. Ya no tendrá el pretexto de las reformas necesarias; ya no podrá culpar a los otros poderes de la Unión, pero tampoco a los estados y a los municipios, cuyos recursos para abatir la delincuencia sí seguirán siendo menores a los que les corresponden.
Si bien el 95% de los delitos que se cometen se encuentran sujetos a la investigación y persecución de la autoridad municipal y estatal, sólo éstas ejercen el 70% del presupuesto del país para esa materia, es decir, con el 30% de los recursos para seguridad pública el Gobierno Federal combate el 5% de los delitos del país.
Es decir, Zedillo no podrá evadir su responsabilidad por la ausencia de recursos para actuar ni económicos ni jurídicos. No le fue suficiente la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por medio del cual los estados y municipios renuncian a su autonomía federal para ceñirse a las reglas de que este órgano presidido por usted determina en materia de seguridad pública.
Ni siquiera se dejó que terminara de mostrar sus posibilidades este órgano, cuando los tiempos electorales surgieron de nueva cuenta a la improvisación para tratar de mostrar algún resultado, por más demagógico o autoritario que fuese.
Fuera ya no sólo del Plan de Desarrollo 1995-2000, su Programa Nacional de Seguridad Pública o la famosa Cruzada Nacional Contra la Delincuencia.
La Presidenta:
Diputada Lenia Batres, le voy a pedir que concluya su intervención pues se le ha terminado su tiempo.
La diputada Lenia Batres Guadarrama:
Termino con esta mención, señora Presidenta.
Fuera ya no sólo del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, de su Programa Nacional de Seguridad Pública o de la famosa Cruzada Nacional Contra la Delincuencia, algún funcionario se le ha ocurrido la idea de crear una policía federal preventiva. Ningún cuerpo policiaco en el país ha sido creado con tal improvisación e ilegalidad que esta nueva policía.
(Intervención del secretario de Gobernación.)
RÉPLICA
Señor Diódoro Carrasco:
Las cifras que mencioné y también lo dije, provienen del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Quiero regresar al tema de la Policía Federal Preventiva, creo que es el caso de improvisación e ilegalidad más grave que se ha suscitado no sólo en este último año, sino en este mismo sexenio respecto de cuerpos policiales abocados a la seguridad pública.
En la exposición de motivos el Presidente de la República señalaba que la intención de que se crease este cuerpo vía ley, era justamente la de impedir lo único que se ha hecho desde que se formó, decíamos: la discrecionalidad.
Se nombró, efectivamente, dos comisionados fuera de la ley. No se cumplieron los plazos establecidos para la integración de la Policía Federal de Caminos y la de Migración y ya se habla de que no se sumarán los agentes de la Policía Fiscal.
Sus primeros miembros fueron 1 mil agentes del Cisen, cuya incorporación inmediata hace creer que no fueron sometidos a los exámenes de ingreso previstos en la ley. Obviamente mucho menos cumplieron requisito alguno los cerca de 5 mil efectivos militares que ilegalmente fueron transferidos a la Policía Federal Preventiva.
Señor Secretario, su incorporación cuyo convenio fue regateado por usted, después entregado incompleto, efectivamente nos hace creer que existe una ilegalidad fundamentada, estamos en nuestro grupo parlamentario estudiando la posibilidad de proceder a promover una nueva controversia constitucional ahora contra el desacato del Poder Ejecutivo al cumplimiento de la ley que este Congreso aprobó.
Esperemos que de ser ingresada esta controversia, no tenga la misma suerte que la denuncia que levantamos contra quien fue responsable de la emisión de más de 40 credenciales expedidas por la dirección de normatividad de la subsecretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación, que fueron expedidas a personajes que a su juicio, y también fuera de la ley, merecían portar armas, al menos esta denuncia no estará a cargo del propio Poder Ejecutivo.
Señor Secretario, es hora de que su gobierno acepte ante la población que las estrategias en seguridad pública, el increíble presupuesto destinado a armas y todos los incrementos de penas que se les puedan ocurrir no abatirá los índices delictivos por dos razones: la primera, es que las causas de fondo de la delincuencia que el propio Ejecutivo aceptó al llegar a la Presidencia sigan encontrándose intactas, la lacerante situación de los ingresos reales promedio de los mexicanos que se ubican apenas en niveles reales de hace 20 años y con ellas la frustración de las expectativas de desarrollo de más de la mitad de la población ubicada en extrema pobreza, la corrupción de los cuerpos policiacos, la total falta de respeto de la propia autoridad hacia las leyes que aprueba este Congreso, el abuso de autoridad de quienes debían ser ejemplo de respeto a la legalidad y el ánimo de que las cosas permanezcan igual se expresan nítidamente en la impunidad de quien detenta el poder y en el congelamiento nada casual de dos reformas que se encuentran en el Senado respecto de las responsabilidades de los servidores públicos.
La primera ya aprobada por esta Cámara obliga a hacer pública la declaración patrimonial de los funcionarios del Gobierno y la segunda, convierte en delitos graves los cometidos por los servidores públicos, como el cohecho, el peculado, la concusión, la coalición de servidores y el uso indebido de atribuciones.
La segunda razón por la cual su gobierno no podría abatir los índices delictivos la sabemos todos, la delincuencia de este país, fundamentalmente la organizada, se ha gestado, encumbrado y reproducido desde el corazón mismo del régimen priísta. Sólo un gobierno ajeno al crimen podrá combatir el crimen, se comienza a demostrar esto en la Ciudad de México.
Esperamos finalmente, señor Diódoro Carrasco, que su gobierno renuncie a la indignidad de seguir supeditando su política de seguridad pública y de narcotráfico a las certificaciones de Estados Unidos y lo exhortamos como responsable de las políticas de gobierno que es, a que trabaje con los senadores de la República para que sea ratificada la incorporación de México al tribunal internacional penal.
Igualmente hacemos votos porque el Gobierno cumpla su palabra de no intervenir en una solución de fuerza en el conflicto de la UNAM y con elementos de seguridad ni azuzando a porros que se enfrenten contra estudiante alguno sea cual sea su punto de vista. La solución pacífica la queremos la mayoría de los habitantes.
Si el Gobierno ha renunciado a su responsabilidad de coadyuvar en una solución política y pacífica a la huelga, lo menos que puede hacer es no intervenir para seguir alimentando el conflicto.
Termino, ciudadano Secretario, ya que usted mencionó los consensos en la agenda legislativa con el deseo de que su Secretaría coadyuve a que por fin se pueda tener una reforma integral al Estatuto de Gobierno del D.F.; en esta Cámara estamos trabajando para que los ciudadanos de esta ciudad por fin accedamos a tener derechos plenos y esperamos el compromiso de su gobierno para que se configuren los órganos colegiados en el D.F.
