Lenia Batres Guadarrama
El 11 de octubre pasado, periodistas, abogados, académicos e integrantes de la sociedad civil informaron que presentarían una denuncia contra Felipe Calderón en la Corte Internacional de La Haya por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Al día siguiente, Carmen Aristegui entrevista a John Ackerman y Epigmenio Ibarra sobre la denuncia en Noticias CNN.
Desde abril pasado, los promotores de la denuncia habían comenzado a recabar los datos que la sustentarían.
Se solicitaría a la Corte Penal Internacional analizar la situación de violencia en México e iniciar una investigación en la que se pudiera determinar si se cometen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra así como la posible responsabilidad del Jefe del Ejecutivo, de los Secretarios de Defensa, Marina y Seguridad Pública además de líderes de grupos de la delincuencia organizada, como quedó plasmado en el blog abierto para su promoción Juicio Penal Internacional a Calderón.
Incluso, así lo anunciaron John Ackerman y Netzaí Sandoval, autor de la denuncia, el 6 de julio pasado.
El viernes 25 de noviembre, Netzaí Sandoval se presentó en la Corte Penal Internacional para entregar la denuncia.
En las peticiones de la CPI, la denuncia fue titulada: Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México.
Los firmantes, a los que me adherí obviamente, solicitamos a la Corte Penal Internacional (CPI) ejercer su competencia respecto de violaciones a los derechos humanos como el asesinato de civiles, incluso niños, completamente ajenos al conflicto, las violaciones sexuales cometidas por elementos militares y las agresiones a migrantes centroamericanos, así como las mutilaciones y decapitaciones realizadas por los integrantes de los cárteles de la droga.
Hasta ese momento se trataba de una solicitud audaz que pondría a prueba la eficacia de los instrumentos y organismos internacionales para someter a análisis una situación atípica de violaciones a derechos humanos en un país no caracterizado en circunstancias de violaciones sistemáticas y para proceder contra los autores de los crímenes.
El domingo 27, la Presidencia deja a todos boquiabiertos al emitir el Comunicado CGCS-196 "Sobre imputaciones que se han realizado", en el que indica:
Al día siguiente, el lunes 28, la prensa no podía evadir el tema y la publicidad que no se había dado a la denuncia en sí misma, se la dan los medios por conducto del boletín presidencial.
Carmen Aristegui entrevista al Netzaí Sandoval y a Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, quien comienza felicitándolo por ser un "joven entusiasta, un joven idealista, un joven que tiene preocupaciones que muchos mexicanos compartimos. Vemos que hay violencia, vemos que hay impunidad en muchas zonas..." y "creo que tu inquietud es una inquietud que compartimos muchos mexicanos".
Afirmaba que los autores equivocaron, no obstante, el camino, porque la Corte puede intervenir hasta que se agotan las instancias nacionales, pues tiene una competencia complementaria.
El Gobierno de la República rechaza categóricamente las imputaciones falsas y calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional.
(...)
Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales.
Al día siguiente, el lunes 28, la prensa no podía evadir el tema y la publicidad que no se había dado a la denuncia en sí misma, se la dan los medios por conducto del boletín presidencial.
Carmen Aristegui entrevista al Netzaí Sandoval y a Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, quien comienza felicitándolo por ser un "joven entusiasta, un joven idealista, un joven que tiene preocupaciones que muchos mexicanos compartimos. Vemos que hay violencia, vemos que hay impunidad en muchas zonas..." y "creo que tu inquietud es una inquietud que compartimos muchos mexicanos".
Afirmaba que los autores equivocaron, no obstante, el camino, porque la Corte puede intervenir hasta que se agotan las instancias nacionales, pues tiene una competencia complementaria.
Netazí responde al abogado indicando que en México no se encuentran pipificados los crímenes de guerra y los crímenes lesa humanidad, como la reclusión de niños para las actividades del narco o la desaparición forzada, por ejemplo. Y si se llegan a tipificar estas conductas como delitos, no se podrán aplicar de manera retroactiva. De allí que es consecuente la solicitud de intervención de la Corte Penal Internacional partiendo justamente del principio de complementariedad que determina su proceder.
Tuiteros convocan a un mitin en la PGR para que los firmantes de la denuncia se pusieran a disposición de las autoridades si ya había sido presentada una denuncia por Felipe Calderón.
En la noche, en su programa televisivo en CNN, Carmen Aristegui entrevista a Paulina Vega González, presidenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, sobre un pronunciamiento que firman diversos personajes para invitar a Felipe Calderón para que reconsidere la advertencia que hizo en los días anteriores. La jurista argumenta en favor de la procedencia de la denuncia:
Ese mismo día, Javier Lozano asume la defensa de Calderón llamando "ruines", "ignorantes" y "oportunistas" a los firmantes de la solicitud de intervención de la Corte Penal Internacional y, siguiendo el ejemplo de Calderón, amenaza con emprender acciones legales contra ellos.
Otras voces, como la de Emilio Chuayfett, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se apresuran a descalificar a los denunciantes, declarando a El Universal que Felipe Calderón "ha combatido el delito, ha tratado de poner orden a la República" y tiene derecho a defenderse de las injurias en su contra.
Enrique Peña Nieto considera, igualmente, que la denuncia no tiene sustento. "A un jefe de Estado no se le puede llevar de forma simple a un juicio, sobre todo cuando tiene la obligación irrenunciable de enfrentar al crimen organizado", dijo, de acuerdo con una nota aparecida en La Jornada. El priista respaldó la política calderonista ante el narcotráfico enfatizando que "el presidente Felipe Calderón tiene una enorme responsabilidad de combatir a la delincuencia organizada y ´lo ha hecho hoy el Gobierno Federal y su presidente´”.
En cambio, López Obrador no asume la denuncia ante la CPI, pero opina que el Ejecutivo exageró la respuesta que le dio.
El el martes 29, Netzaí Sandoval publica "La amenaza del gobierno federal (carta de Netzaí Sandoval)" en el diario El Universal, en la que se refiere a las declaraciones de Lozano señalando que tanto él como Calderón se pintan de cuerpo entero "precisamente como el tipo de gobernantes autoritarios que suele investigar la CPI". Sus interpretaciones, afirma, fortalecen "aún más la hipótesis de que el presidente de la República y los integrantes de su gabinete podrían efectivamente ser responsables por la comisión de los crímenes más atroces de la himanidad".
Continúa: "Nuestro derecho de acceder a la justicia no depende de la voluntad de nadie. El actual amago gubernamental también va en contra de nuestra libertad de expresión y derecho a la información".
Respecto del contenido que sustenta el informe presentado a la CPI, el abogado señala:
"Calderón debió tomar medidas para evitar los crímenes y torturas inflingidas por las tropas a su mando. En la documentación que se presentó al fiscal de la CPI se documentan 200 casos de tortura por miembros de la fuerzas armadas. El presidente nunca puso en vigor los protocolos de actuación que le solicitó la Suprema Corte de Justicia de la Nación". Documenta también "cientos de asesinatos en contra de civiles, cometidos por fuerzas militares (carentes de experiencia en tareas de seguridad pública)".
Sustenta que "se cometen crímenes de lesa humanidad particularmente porque desde hace años existe un patrón sistemático de agresión contra los migrantes centroamericanos que recrudeció con la firma de la Iniciativa Mérida. Calderón tuvo conocimiento del secuestro, venta y esclavización de micrantes, dado que altos funcionarios de su gobierno estuvieron involucrados desde el comienzo de su majdato sin que a la fecha se haya aplicado ningún tipo de sanción penal en contra de ellos".
Y argumenta que "la falta de tipificación de los crímenes de guerra y de lesa humanidad en México actualiza la competencia de la CPI", además de que "hoy más que nunca está claro que no tampoco existe la voluntad política para llevara a cabo investigaciones independientes".
Como respuesta, en esa misma edición, El Universal publica una carta de Javier Lozano que aparece con el título "Respuesta de Javier Lozano a Netzaí Sandoval (texto íntegro)", en el que el secretario de Trabajo de Calderón asevera que "nuevamente" el abogado exhibe "su ignorancia y mala fe". "Nuestro gobierno respecta (como ningún otro en el pasado) la libertad de expresión; la libertad de prensa y el derecho de acción". Señala que nadie está amenazando a quienes pretenden llevar a Calderón a la CPI, sino "simplemente estoy respondiendo a sus calumnias e ignorancia como merecen", aunque no responde a ninguno de los argumentos que señala Netzaí en su misiva. Y nos vuelve a acusar: "Acudir a la Corte Penal Internacional es un burdo teatro mediático y de corte electorero. Saben los ´abajo firmantes´ que su intentona no prosperará y saben, también, que calumnian y difaman de manera vil con sus dichos".
El miércoles 30, más de un centenar de intelectuales y defensores de derechos humanos publican en La Jornada un Pronujciamiento en solidaridad con los 23,000 firmantas de la solicitud ante la Corte Penal Internacional.
El viernes 2 de diciembre, a una semana del boletín presidencial, la Secretaría de Gobernación emite el Boletín 449 en el que intenta remendar la plana a las declaraciones de la Presidencia en el sentido de que "el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales". Dice:
La Vocera del Gobierno Federal, me`iante diversos pronunciamientos públicos, emitidos desde el 28 de noviembre, ha señalado que el Gobierno de la República no procederá en ninguna forma y por ningún conducto en contra de personas que critican las políticas públicas y las decisiones de esta Administración. Asimismo, precisó que, derivado del análisis de alternativas realizado por el Gobierno Federal, corresponderá a cada funcionario público, a título personal, defender sus derechos y garantías individuales en respuesta a las imputaciones calumniosas vertidas ante la opinión pública nacional e internacional.
El Gobierno Federal no ha perseguido ni perseguirá a las personas que ejercen su derecho a la libre expresión, que incluye el disenso con la Estrategia Nacional de Seguridad. Esta Administración ha utilizado el diálogo como herramienta de trabajo conjunto con la ciudadanía y las fuerzas políticas. Prueba de ello, son los 17 foros de Diálogos por la Seguridad celebrados hasta la fecha, en donde el Presidente de la República ha atendido a críticas y propuestas de manera abierta, transparente y, sobre todo, respetuosa del ejercicio democrático que representa. Asimismo, el Gobierno Federal ha propiciado una cultura de la denuncia entre la población, a fin de que la ciudadanía utilice los mecanismos y canales existentes, ante las instancias correspondientes, para hacer valer sus derechos.
El Gobierno Federal ha instrumentado una política de protección y promoción de los derechos humanos sin precedentes. Entre los cambios más destacados se encuentra la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que eleva a rango constitucional los derechos contenidos en los tratados internacionales ratificados por México. Esta reforma ha obtenido el respaldo de las Naciones Unidas, a través de su Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien manifestó además su reconocimiento explícito a esta reforma durante su reciente visita de trabajo a México, en julio de este año.
El Gobierno Federal refrenda el respeto a la libertad de expresión y su absoluta tolerancia a la crítica, la pluralidad y el disenso en nuestro país.
La denuncia en La Haya puede o no prosperar, ya que ello depende no sólo del derecho, sino fundamentalmente de los individuos que lo aplican. Si bien los organismos internacionales han abierto una esperanza de justicia en México, no necesariamente pueden razonar adecuadamente en un caso atípico como éste.
Pero la publicidad lograda gracias a Calderón esta semana en México y en la prensa internacional nos hacen pensar que ya cumplió una parte importante de su cometido, que era la exhibición de lo que está pasando en nuestro país. Ese fue el disgusto de quien ejerce la presidencia.
En conclusión, esta semana Felipe Calderón dio muestra de una intolerancia inaudita. La ha mostrado en todo su sexenio, sin duda, pero nunca acompañada de tanta estupidez.
29 de noviembre de 2011.
