Lenia
Batres Guadarrama
Muy
amargo ha sido para los mexicanos el paso ilegítimo de la derecha por el
gobierno. Entre menos respaldo popular tiene, menos respeto le merece la gente.
En
una democracia, un gobernante debe el poder al pueblo, por eso supedita sus
acciones a la subsistencia de su “capital político”, es decir, su legitimidad, la
cual determina su permanencia en el poder. Por eso quizá, el único gobernante
de la era neoliberal que ascendió al poder con respaldo real de la gente,
Vicente Fox, fue el que se autolimitó –contra sus deseos– para imponer las
contrarreformas de la agenda salinista que han mantenido intacta los
presidentes prianistas.
Salinas,
que llegó a la Presidencia mediante un fraude electoral; Zedillo, que ascendió
gracias al miedo generado por los crímenes políticos de 1994, y Calderón, el
presidente del segundo fraude, nunca sintieron compromiso alguno con la gente,
porque su poder no provino de ella. A toda costa, buscaron imponer las reformas
neoliberales, tildadas por ellos de “estructurales”, con los mismos elementos
con que ascendieron al poder: la trampa, el engaño, la confusión, la
manipulación mediática.
Medios
de comunicación, los grandes sustitutos de la legitimidad democrática en el
Estado moderno neoliberal, que no “democracias modernas”.
Aún
no toma posesión Enrique Peña Nieto y ya sucede lo mismo. PAN y PRI se han
puesto de acuerdo en aprobar la contrarreforma laboral presentada por Felipe
Calderón el 1º. de septiembre pasado. A punto de terminar su sexenio, Calderón sigue
empeñado por darle sentido a su gobierno, además de que busca garantizarse
impunidad para él y su gabinete en el tránsito sexenal. Por eso, ahora da
cobijo a Peña Nieto tendiéndole la reforma y asumiendo su costo político, siempre
que los priistas lo compartan, al mismo tiempo que queda bien ante los únicos
que sinceramente le interesó siempre al PAN quedar bien: la clase empresarial
mexicana.
La
iniciativa laboral calderonista anula la escasa utilidad que los sindicatos
tienen en nuestro país, legaliza el outsourcing
y afecta la estabilidad en el empleo, el salario y en las condiciones de
trabajo. Básicamente propone, como bien ha sintetizado la Asociación Nacional
de Abogados Democráticos:
1. Mantener un modelo sindical sin participación de los trabajadores
en la definición de las relaciones de trabajo y ampliar la intervención
gubernamental en la vida interna de los sindicatos
2. Anular en la práctica el derecho de huelga y la contratación
colectiva
3. Eliminar la estabilidad en el empleo al establecer los contratos
de prueba, de capacitación inicial y labores discontinúas
4. El libre despido sin costo para el patrón, mediante simple aviso,
que, peor aún, para los trabajadores domésticos no será necesario
5. Un “registro de trabajadores eventuales o de temporada” para facilitar,
igualmente, el despido libre y sin costo de trabajadores agrícolas
6.
Nuevas causales de despido humillantes y subjetivas, como las faltas
contra los clientes del patrón
7. Reconocer las renuncias en blanco
8. Legalizar la contratación por medio de terceristas, para que los
patrones no asuman obligaciones laborales, suprimiendo la responsabilidad
solidaria
9. La fijación del salario por el patrón, de manera unilateral, sin
intervención sindical
10.
Legalizar la polivalencia (multiusos) con un solo salario
11. La imposición de condiciones unilaterales de trabajo sin beneficio
salarial acordado bilateralmente, mediante la certificación laboral
12.
La fijación unilateral del monto de bonos, incentivos y comisiones
13. Desaparecer el salario mínimo como tal para establecer el pago por
hora a razón de un octavo del salario mínimo
14.
Legalizar la subcontratación por outsourcing, permitiendo que en una misma empresa haya trabajadores
con funciones iguales con diferente salario y prestaciones
15.
La ampliación de tareas, cambio de días de descanso establecidos en
contratos y de horas de la jornada de trabajo, en función de las necesidades de
la producción
Hasta
este momento el PRI no ha hecho pública ninguna posición oficial respecto de la
iniciativa.
El
PRD, por su parte, en voz de su coordinador parlamentario en la Cámara de
Diputados, Silvano Aureoles, indicó que la rechazará. Se trata, dijo el
diputado, de la 498ª iniciativa que propone revertir los avances en materia de
derechos laborales, y como las otras, no obtendrá el consenso en el Congreso.
El
Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo también han manifestado que
rechazarán la contrarreforma.
De
acuerdo con el segundo párrafo del artículo 71 constitucional, reformado el 9
de agosto pasado, el trámite que seguirá la iniciativa del injustificado
derecho presidencial preferente, aprobado como parte de la mal llamada reforma
del Estado, será este:
El día de la apertura de
cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá
presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal
carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén
pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el
Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales.
Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el
primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del
Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el
respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora,
la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones
antes señaladas.
Afortunadamente,
este derecho preferente de iniciativa presidencial quedó imperfecto al no
aprobarse la ominosa afirmativa ficta[1] legislativa que proponía
la iniciativa original de Felipe Calderón. Así planteaba, refiriéndose a la
consecuencia de que las iniciativas presidenciales no siguieran el
procedimiento señalado: De lo contrario
éstas se considerarán aprobadas en los términos en que fueron presentadas por
el Ejecutivo Federal…
De
cualquier forma, este nuevo derecho presidencialista pone ahora, absurdamente,
en el centro de la agenda de trabajo de una nueva Legislatura del Congreso de
la Unión temas de un gobierno que ya se va, cuando la justificación de Calderón
al proponer la iniciativa preferente era que la inmovilidad legislativa paralizaba
la labor presidencial. Confesión anticipada de que estaría trabajando,
justamente, para el presidente que le sucederá…
La
derecha PRI-PAN es una sola, con una sola agenda desde los años ochenta. Y como
bien sabemos, sirve a una misma oligarquía…
[1] La afirmativa ficta es un recurso que se
otorga al ciudadano para defenderse del poder público omiso, cuando éste recibe
una solicitud de autorización, licencia o permiso de un particular y no
responde en el término que le obliga la ley. Entonces, automáticamente, obtiene
dicha prerrogativa, es decir, la ley le concede la respuesta positiva no
expresa, ficticia.
Revista EMET, 8 de septiembre de 2012.
Revista EMET, 8 de septiembre de 2012.
