Lenia
Batres Guadarrama
A un año de terminarse
los dos sexenios que el Partido Acción Nacional ha gobernado al país, el
balance de la libertad de expresión que podemos hacer es francamente negativo.
“Situación apremiante” en la materia
fue la que encontró la doctora Catalina Botero
Marino, relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe de su visita a México el
año pasado. La anterior y primera visita que había hecho a México el titular de
este organismo internacional fue en 2003.
En el 2000, la
posibilidad de la derrota del Partido Revolucionario Institucional y su
posterior materialización, desataron una gran expectativa democrática, que se expresó
en la enorme participación de la gente en las urnas y fue aún más evidente en
la pluralidad del apoyo que obtuvo Vicente Fox en los principios de su sexenio.
Pero quizá el dato más
relevante de esa efervescencia democrática fue la libertad nunca vista en los
medios de comunicación electrónicos, como sucedió antes y durante las
elecciones de aquel año. Se observó la diversidad política del país, quizá por
primera y única vez en la prensa en su conjunto. Las empresas comunicadoras
incluso midieron las posibilidades mercantiles de esa pluralidad, permitiendo
frescura, autenticidad e inteligencia en los otrora repetitivos, acartonados y
predecibles programas radiofónicos y televisivos.
Desafortunadamente, el
verdadero perfil del gobierno foxista se reveló pronto. Primero veladamente,
después de manera abierta y cínica, Fox atentó contra la libertad de expresión
como no se había visto. Si bien el régimen priísta fue absoluto en el control
monolítico de la opinión pública, en el estilo de Fox, rudimentario y torpe, la
intervención mediática resultó inesperada y burda.
Personalmente, Fox se
confrontó con periodistas y medios de comunicación, censuró y castigó con
retiro de publicidad oficial a quienes quiso y, de plano, demandó en tribunales
a comunicadores que lo criticaron. Pero el deterioro de la libertad de
expresión fue más allá de su persona.
En la Clasificación Mundialla Libertad
de Prensa que realiza Reporteros sin Fronteras desde 2002, México pasó del
lugar 76 en ese año al 132 al terminar el sexenio foxista.[2]
Parte fundamental de
esa valoración se debió a la creciente violencia sobre el trabajo de los periodistas
de medios internacionales, nacionales y locales. Distintos organismos civiles
alertaron sobre las agresiones a que estaban siendo sometidos los comunicadores
en la total impunidad e indiferencia del gobierno. De 2000
a 2006 fueron asesinados 21 periodistas.[3]
Paralelamente, comenzó a
destacar internamente un tema nuevo como tal en la agenda continental de la
libertad de expresión: la publicidad oficial. La observación del gasto que
estaba haciendo el gobierno federal, sin embargo, aún se daba de manera
desarticulada y sin criterios claros para su cuantificación.
A ello hay que añadir
que Fox había establecido diversos compromisos con las grandes empresas de la
radio y la televisión, que lo llevaron a sustituir, en 2002, el impuesto de los
concesionarios de 12.5% del tiempo diario de transmisión a que estaban
obligados, por 18 minutos diarios en televisión y 35 en radio, divididos en
fragmentos de 20 a
30 segundos.
Como
parte de esos compromisos con las grandes empresas de los medios de
comunicación electrónica, Fox impulsó una reforma, que sería aprobada por el
Congreso de la Unión, conocida como “Ley Televisa”, que buscaba limitar la rectoría
del Estado en el uso del espectro radioeléctrico y establecer una regulación
desigual en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones.[4] Gracias a la acción de
inconstitucionalidad interpuesta por senadores ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, esta reforma quedó básicamente suspendida.
Con el cambio del sexenio,
el detrimento de la libertad de expresión se intensificó. Las agresiones
crecientes a periodistas y la censura directa e indirecta mediante el retiro de
publicidad oficial aumentaron, situación agravada por un inusitado incremento
en este gasto por parte del gobierno federal.
En la clasificación de
Reporteros sin Fronteras,[5] en lo
que lleva el sexenio de Felipe Calderón, México ha pasado del lugar 132 al 136
en el respeto a la libertad de expresión. En conjunto, en los dos sexenios
panistas, México descendió del lugar 76 al 136 de la tabla de la organización
civil internacional. El año más crítico habría sido 2008, en el que ocupó el
lugar 140:
Clasificación
Mundial de la Libertad
de Prensa
Reporteros
sin Fronteras
Año
|
Lugar
|
Total de países clasificados
|
2010
|
136
|
178
|
2009
|
138
|
175
|
2008
|
140
|
173
|
2007
|
136
|
169
|
2006
|
132
|
168
|
2005
|
135
|
167
|
2004
|
96
|
167
|
2003
|
74
|
166
|
2002
|
76
|
139
|
El recrudecimiento del
deterioro de la libertad de expresión se observó aún más despiadado en las
agresiones a periodistas. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, en los cinco años transcurridos de este sexenio se han asesinado a 49
periodistas por razones atribuibles al ejercicio de su profesión. Junto con los
comunicadores muertos en el sexenio pasado, en la década que lleva gobernando
el PAN, se han asesinado a 74 periodistas y se ha desaparecido a 13 más:[6]
Año
|
Homicidios
|
Desapariciones
|
2000
|
4
|
|
2001
|
4
|
|
2002
|
3
|
|
2003
|
1
|
|
2004
|
5
|
|
2005
|
4
|
1
|
2006
|
10
|
2
|
2007
|
4
|
3
|
2008
|
10
|
1
|
2009
|
12
|
1
|
2010
|
9
|
3
|
2011
|
8[7]
|
2
|
TOTAL
|
74
|
13
|
Como se muestra en el
cuadro siguiente, lo anterior significa que a un año para concluir el sexenio
de Felipe Calderón, los 53 periodistas muertos eran ya siete más que en el
sexenio más violento en este ámbito del que se tenía información, que encabezó
Carlos Salinas de Gortari, con 46 comunicadores asesinados:[8]
Periodo
|
Presidente
|
Periodistas asesinados
|
Carlos Salinas de Gortari
|
46
|
|
Luis Echeverría a Ernesto Zedillo
|
121
|
|
Vicente Fox Quesada
|
21
|
|
Felipe Calderón Hinojosa
|
53
|
Ni siquiera en el
sexenio de Luis Echeverría, que concentró la guerra sucia en México, se observó
tanta violencia contra los comunicadores. Sin contar el sexenio de Salinas, de
1970 al 2000, se registraron en promedio 19 homicidios de periodistas por sexenio.
Lo anterior es más
grave si nos atenemos a que, como señaló la Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión, ninguno de los crímenes había tenido una investigación concluida
hasta la visita del Relator.
Estos crímenes
inusitados contra los comunicadores fueron parte de la violencia generada por
la llamada guerra contra el narcotráfico, que, como sabemos, es la estrategia
en la cual se ha basado la búsqueda de legitimidad en este sexenio. Para ese
mismo objetivo, la obtención de legitimidad política, la actual administración
se ha gastado un presupuesto sin precedente –al menos en la contabilidad-- de publicidad.
Desde 2005, periodistas
y medios de comunicación (como Etcétera)
comenzaron a contabilizar y evidenciar el gasto que el Estado estaba haciendo en
publicidad, así como sus contenidos, a raíz, fundamentalmente de la inversión del
gobierno foxista en medios de comunicación para apoyar a su partido en la
siguiente contienda electoral. Igualmente, tanto la oposición política como los
organismos civiles empezaron a dar seguimiento de dicho gasto en esas mismas
fechas y a impulsar iniciativas para controlarlo. A través de puntos de acuerdo
e iniciativas de ley, en el Congreso se intentó regular la publicidad del
Estado.
No se ha avanzó en el
tema. Lejos de ello, se permitieron abusos sin precedentes en la publicidad
privada durante el proceso electoral de 2006, como los abiertos ataques de empresas
como Jumex o Bimbo contra Andrés Manuel López Obrador, denominándolo “peligro
para México”, en propaganda difundida en radio y televisión.
Por eso, hacia finales
de 2006 en la Cámara de Diputados hubo una fuerte presión para regular el gasto
en publicidad oficial. A partir del Presupuesto federal de 2007, cada año se
han introducido pequeños candados presupuestales que limitan el gasto en el
renglón[9] impidiendo
ampliaciones y transferencias injustificadas para este gasto y supuestamente su
uso para la promoción personal de funcionarios públicos, asimismo, obligan a la
Secretaría de Gobernación a emitir un informe periódico de gasto en la materia
para hacerlo más visible.
Igualmente, la
actuación gubernamental y la intervención empresarial en la campaña electoral
presidencial de 2006, junto con el conflicto poselectoral, con las acusaciones
de fraude a favor de Felipe Calderón, llevaron a la formulación de una reforma
electoral publicada el 13 de diciembre de 2007, que incluyó el establecimiento
del derecho de réplica en el artículo 6º. constitucional, remitiendo su
regulación a una ley secundaria; la prohibición de contratación de propaganda
electoral en radio y televisión a partidos políticos, y la prohibición para
intervenir en los procesos electorales de cualquier forma a particulares, en el
artículo 41 constitucional.
En esa misma reforma,
en el artículo 134 constitucional, por primera vez en nuestra vida
constitucional, se incorporaron normas generales sobre la publicidad del
Estado. En tres párrafos adicionados a dicho artículo, se determinó que los
“servidores públicos de la Federación, los estados los municipios así como del
Distrito Federal y sus delegaciones, se encuentran obligados a aplicar con
imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad, sin influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos”. Igualmente, se
estableció que la “propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social,
que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de
los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucionales y fines
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público”. Esta nueva obligación
constitucional también remitió su regulación específica a una ley secundaria.
No obstante la reforma
constitucional y los candados presupuestales, el gasto en publicidad oficial ha
seguido en ascenso y su uso políticamente cuestionable no ha cesado.
Es de recordarse la
campaña a favor de la reforma para la apertura de Petróleos Mexicanos en 2008,
a través de largos spots que hablaban
de “El tesoro en aguas profundas”.
Los datos históricos sobre
el gasto en publicidad del Estado son más que turbios. Hasta 2005, no había
ninguna sistematización en su contabilidad.
Hay
datos que indican que en el sexenio anterior, el gobierno federal gastó 15,776 millones
de pesos[10]
en publicidad, “cantidad
superior a la ejercida por cualquier otro gobierno en otro sexenio”, según
informaron legisladores del Partido de la Revolución Democrática en el 2007.
De acuerdo con la
Auditoría de la Federación, en los cuatro años concluidos de este sexenio, de
2007 a 2010, se han ejercido 15,245.3 millones de pesos en publicidad del
Gobierno Federal. Al observar la diferencia entre el gasto programado en este
rubro y el gasto ejercido es notoria la violación permanente a los candados
impuestos por la Cámara de Diputados para impedir transferencias a este
concepto, pues se ha gastado más del 100% presupuestado en estos años.[11]
Al elevado gasto en publicidad del Gobierno Federal, hay que añadir la
discrecionalidad con que se ejerce. No existen criterios de contenidos, determinación
de destinatarios del mensaje, ni territorialidad de los mensajes. No se tiene
establecida una distribución determinada conforme a los tipos de medios de
comunicación. No hay ninguna razón por la cual se destina más a una determinada
emisora o publicación que a otra. En la última década se ha documentado el
boicot publicitario a Canal 40; Crónica
de Mexicali; Cuarto Poder; Programa
“Consensos” de Radio Korita, El Sur, El
Norte; Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca; Proceso; La Jornada de San Luis Potosí;
El Financiero; Radio Monitor;
a.m.; Al Día; Libre en el Sur,
y Contralínea.[12]
Diario Yucatán y Radio Bemba son dos casos más de retiro
gubernamental de publicidad oficial recientes.[13]
No es una situación
nueva, como hemos señalado, pero nunca se habían podido documentar tantos casos
de censura indirecta a través del chantaje o castigo con el retiro de
publicidad oficial como en la última década.
Hay, no obstante, visos
de que podrían empezar a existir contrapesos a estos abusos.
En 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió dos
recomendaciones respecto de la asignación arbitraria de la publicidad oficial.
Mediante las recomendaciones
57/2009 y 60/2009 señala, en el primer caso, que Petróleos Mexicanos y, en el
segundo, el Gobierno de Guanajuato violaron la
libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad, al retirar
de manera discrecional la publicidad oficial a la revista Contralínea y a los periódicos a.m. y Al
Día, respectivamente.
Este año, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación resolvió favorablemente dos amparos para las radios
comunitarias Radio Nandía de Mazatlán Villas de Flores, Oaxaca, y La Voladora Radio,
de Amecameca, Estado de México, contra la negativa de asignación de publicidad
oficial de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México.
“Violencia, impunidad y
censura”, tituló el balance de su visita a México el año pasado el relator
Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Hizo notar, igualmente, la
“alta concentración de la propiedad y control de los medios de comunicación”,
ya que más del “90% de las frecuencias de
televisión se encuentran en manos de sólo dos empresas” y “con relación a la
radio comercial, el 76% del sector se encuentra en manos de 14 familias, y que
47.8% de las emisoras pertenecen a cuatro grandes cadenas”.
Asimismo, la Relatoría
documentó en su informe, dado a conocer en marzo pasado, la situación de
hostigamiento y de falta de reconocimiento que viven en México las radios
comunitarias.
Este órgano
internacional dejó constancia, no obstante, que el Estado mexicano había tomado
acciones legales positivas relacionadas con la libertad de expresión. El
Informe se refiere a la despenalización de los delitos de
calumnia, difamación e injurias a nivel federal, no
obstante que asentó que continúan previstos en los códigos
penales de 16 entidades federativas: Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Nayarit, Nuevo León, Puebla,
Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Criticó, asimismo,
la vigencia de la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917, que prevé penas
privativas de la libertad.
Señaló también como
positiva la labor del IFAI, que “ha jugado
un papel ejemplar en la protección del derecho de acceso a la información de
los individuos y en el desarrollo de una cultura de transparencia de las
instituciones públicas de la administración pública federal. Esto se ve
reflejado en el hecho que las solicitudes de información ingresadas a la
administración pública federal mexicana aumentaron de 37,732 en el año 2004 a
117,597 en el año 2009. Además, según la información recibida, en sólo el 2.7%
de los casos se negó en primera instancia la entrega de la información por
razones de reserva o secreto”. Al mismo tiempo, la Relatoría reconoce la
existencia de un organismo similar en cada una de las entidades federativas
normado por su propia ley.
No hizo notar, no
obstante, que hasta ese momento, como hasta ahora, el Congreso de la Unión no
ha regulado la reforma constitucional de 2007 respecto del derecho de réplica y
la publicidad oficial, dejando en letra muerta estos dos importantes aportes
fundamentales a nuestra Constitución.
Finalmente, cabe
mencionar en el recuento que a lo largo de la década se han hecho públicos otros
casos de censura con participación, apoyo u omisión gubernamental, entre los
que destacan el boicot a la transmisión de las películas El crimen del padre Amaro, Fraude México 2006 o Presunto
culpable, la toma de Canal 40 por TV Azteca, la detención de Lydia Cacho y la salida de José Gutiérrez Vivó de Radio Red y de Carmen Aristegui de WRadio.
También se han
documentado casos de utilización de la figura de reparación de daño en materia
civil para intimidar o censurar a periodistas. Aunque la propia Relatoría
admite como sustituible este recurso jurídico en vez de la penalización, es de
pensarse que surte el mismo efecto censor y por lo tanto sería recomendable su
eliminación.
Este balance negativo de
la libertad de expresión en México sucede en un momento en el que los
organismos internacionales de defensa de derechos humanos han cobrado un gran
protagonismo garantista. Destaca la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en
la observación y emisión de recomendaciones y criterios sobre la vertiente
pública, colectiva e individual de la libertad de expresión en el continente.
También organismos
civiles internacionales como Artículo 19, Reporteros sin Fronteras e incluso la
Sociedad Interamericana de Prensa, de corte empresarial, han sido vehículo
importante para la denuncia de abusos a derechos humanos de los comunicadores
en el continente.
Vienen tiempos electorales en los que los temas no
resueltos podrían hacer escollos en nuestro cuestionable pluralismo político…
Esperemos que sirvan de presión para iniciar una época de libertades que no aún
no conocemos en México.
[1] Gran
parte de los datos anotados aquí son retomados del libro Dos
propuestas para la libertad de expresión. Publicidad del Estado. Derecho de
Réplica, coescrito con Valentina Batres, recientemente
publicado.
[2]
Reporteros sin Fronteras. Clasificación Mundial de la Libertad de Expresión,
ver 2002 a
2006, disponible en: http://es.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=297.
[3] Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Recomendación General No. 17 Sobre los casos de agresiones a
periodistas y la impunidad prevaleciente, 19 de agosto de 2009, http://www.cndh.org.mx/recomen/general/017.pdf.
[4] Decreto que Modifica, Adiciona y Deroga la Ley Federal
de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006.
[5]
Reporteros sin Fronteras, Op. Cit. Ver
2002 a 2010.
[6] Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Op. Cit. Datos
actualizados citados en el Informe Preliminar de la Relatoría Especial
para la Libertad
de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 24 de agosto de
2010, disponible en: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/RELEMexico.pdf
[7] Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comunicado de Prensa
CGCP/218/11, de 1 de septiembre de 2011, disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2011/COM_2011_218.pdf.
[8] Centro de
Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C., “Agresiones
a periodistas: Violaciones a la libertad e expresión”, disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/mexico/doc/periodistas.html.
[9] El
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 contiene
las limitaciones de gasto en publicidad oficial en su artículo 20. Disponible
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2011.pdf
[10]
Lozano, Andrés; Montalvo, Victorio; Pedraza, Isidro, y Sánchez Jiménez, Luis,
“Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución”, Sesión Pública de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión ,
versión estenográfica, [en línea], 4-07-07, México, [citado 9-07-07], Formato html,
Disponible en Internet:
[11] Publicidad
oficial, Fundar, con base en los presupuestos de Egresos de la Federación y la
Cuenta Pública de esos años. Disponible en: http://publicidadoficial.com.mx/gasto-federal.
[12] Batres
Guadarrama, Lenia, y Batres Guadarrama, Valentina, Dos propuestas para la libertad de expresión.
Publicidad del Estado. Derecho de Réplica, Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y de Gobierno, México,
2011.
