Compañeros diputados
miembros de la Comisión del Distrito Federal
Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
Jefe de Gobierno del D.F.:
Gran reto representa transitar de una ciudad gobernada por estructuras verticales a las instituciones democráticas que hoy emergen con decisión pero no sin dificultad. Toca a la actual administración implementar medidas que ataquen de fondo problemas tan graves como el de la inseguridad pública.
En los últimos años, la Ciudad de México ha sido víctima de un incremento desquiciante de la delincuencia. Los índices delictivos de la entidad que recibió el nuevo gobierno perredista son los más altos que existen en todo el país.
El 4 de febrero usted informó que recibió una administración cuya idea de seguridad y justicia estuvo fundada en la represión y no en la prevención. De ahí que nunca se atacaron las causas de la inseguridad. El PRD lo ha dicho en numerosas ocasiones: en una sociedad en la que reina la desigualdad social, el desempleo y la pobreza, resulta natural que no todos los individuos encuentren perspectivas de desarrollo personal y cometan delitos.
Por eso, si pretendemos brindar una verdadera política de seguridad pública, tenemos que empezar por ver a la delincuencia de manera integral, desde su prevención, pasando por la procuración y la impartición de justicia y terminando por la llamada rehabilitación, y desechar mitos que tratan de explicar el incremento de la inseguridad. No es cierto que la delincuencia sea un producto natural de las urbes modernas. Tampoco es cierto que sean las procuradurías y los aparatos policiacos los principales responsables de su abatimiento.
Queremos decirlo claramente: si en México ha existido un responsable del incremento de la delincuencia a nivel nacional ése se ha encontrado en Los Pinos, desde donde se han definido políticas económicas que atropellan la calidad de vida de los mexicanos y desde donde poco se ha hecho para erradicar la cultura de la violencia como una forma para resolver los litigios sociales.
El primer elemento que interviene en la prevención de los delitos es ése: la política social. Sabemos que esa política depende en gran medida de las autoridades federales y de cómo se distribuyen los recursos para que los gobiernos estatales puedan implementar programas que coadyuven a mejorar la situación de la población. Las autoridades de los estados, desgraciadamente, no pueden evitar que continúe la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos grupos poderosos a nivel federal. Sin embargo, sí pueden comenzar a aplicar nuevas políticas que coadyuven a solucionar el desempleo y mejorar la salud y la educación de sus habitantes.
¿Qué tiene pensado hacer el nuevo gobierno en materia de prevención del delito, visto como consecuencia directa de una determinada política social? ¿Qué se hará en materia de educación, creación de empleos permanentes para la población desocupada y una distribución más justa de la riqueza? ¿De qué forma se intentará ayudar a erradicar la cultura de violencia que subsiste en las familias, en las escuelas, como forma de convivencia entre los ciudadanos?
En segundo lugar, quiero referirme a la procuración de justicia. Es un hecho que, como nunca antes, los capitalinos estamos esperanzados en que se cumpla la ley y se castigue a los culpables de los delitos que se cometen en nuestra contra. Queremos poder contar, por fin, con un Estado de derecho en el que podamos encontrar certidumbre de que la autoridad judicial está para servir a la sociedad. Es decir, que no abusará de la necesidad de quienes se encuentran involucrados en algún litigio. Que se combatirán los delitos sin agredir a la sociedad.
La Procuraduría heredada de la administración anterior se encuentra intestada de elementos que durante años no conocieron más forma de trabajo que el abuso sobre el ciudadano. La corrupción no puede ser eliminada en dos meses, quizá ni siquiera en los tres años de administración, pero ¿puede el gobierno sentar las bases para llegar a tener una procuraduría confiable?
Aunque el régimen de excepción de derechos que tenemos los capitalinos no permita aún que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pueda determinar cómo se organizan su Procuraduría y su aparato de seguridad pública, ¿se tiene pensado hacer alguna propuesta para combatir de manera estructural el problema de corrupción que se da en los Ministerios Públicos y la Policía Judicial en el Distrito Federal? ¿Qué se hará para aplicar la justicia pronta y expedita que marca la ley? ¿Cómo se ha pensado contribuir a la preparación y control de los cuerpos policiacos?
La idea que han tenido nuestros gobiernos respecto de que el delito se combate con mayor penalidad para el delincuente ha propiciado que tengamos las cárceles llenas de delincuentes que, sabemos, nunca se rehabilitarán. Afortunadamente, en esta Legislatura, la Asamblea Legislativa emitirá un nuevo Código Penal para la capital. ¿Contempla el gobierno hacer propuestas que coadyuven a la racionalización de las penas, como la posibilidad de que existan sanciones alternas a la prisión en los casos de delitos no graves, como los patrimoniales o los familiares, tal vez mediante la posibilidad de realizar algún servicio a la comunidad?
Es un hecho que no podremos tener confianza en las instituciones si las autoridades hacen uso de los recursos públicos como si fueran personales, como ha sucedido durante décadas. En ese aspecto también ha existido un régimen de excepción. Por un lado, se ha aplicado todo el poder del Estado contra el delincuente común, pero, por otro, se ha tolerado el enriquecimiento ilegal e inmoral de los servidores públicos.
Nunca nos habíamos enterado tan detalladamente de la cantidad de abusos que han cometido las administraciones anteriores, como ahora usted nos informó. Es muy positivo que se haya hecho pública la declaración patrimonial de los funcionarios del más alto nivel de su gobierno. Ello habla de la disposición de demostrar, dentro de tres años, que no habrá enriquecimiento ilícito al amparo de una posición de poder. Eso es aún más relevante si recordamos que en este mismo recinto, cuando tomó posesión de su cargo Ernesto Zedillo, ante la petición un diputado perredista de que hiciera pública su declaración patrimonial, el presidente contestó (y cito textualmente): “No actuaré para responder a impulsos caprichosos”.
Ingeniero Cárdenas, queremos que la impunidad sea desterrada. Y para ello, será necesario seguir transparentando el quehacer del funcionario público. Pero también será indispensable que los funcionarios corruptos sepan que estarán a disposición de la justicia. ¿Se ejercerá acción penal contra los responsables directos de las irregularidades comprobables encontradas en los gobiernos anteriores?
Las instituciones no son sólo fruto de sus encargados. Hace falta reestructurar el aparato de justicia creando controles más eficaces que ayuden a que el ciudadano reestablezca su confianza en las autoridades. El gobierno perredista ha dado los primeros pasos para regularizar el ejercicio de la justicia. Sin embargo, existen fuerzas políticas que siguen jugando a la simulación: no invierten capital político alguno para erradicar la corrupción y la inseguridad cuando son gobierno, pero cuando son oposición no escatiman recursos para contribuir de manera irresponsable a alentar actos delictivos.
Usted dijo en su informe del 4 de febrero que los actos de abuso contra el propio gobierno hacían pensar en el crimen organizado. Ello sólo ha comprobado que urge una reforma integral que elimine ese crimen organizado que se comete de manera cotidiana y común desde los gobiernos.
Un programa de seguridad pública integral debe contener criterios que combinen por un lado la reestructuración de los poderes públicos, la eficiencia y las garantías individuales, no es una tarea fácil, pero no puede faltar ninguno de estos elementos.
