Lenia Batres Guadarrama
La libertad de expresión tiene varias connotaciones. Por un lado, en cuanto libertad de decir, de opinar, que encuentra su alimento en el derecho a la información. Por otro, como libertad de difundir, de publicar. Finalmente, en tanto libertad de manifestar, que va ligada a otra libertad, básicamente política: la de reunión, y a un derecho también político: el de petición.
Estas tres esferas de la libertad de expresión se encuentran actualmente amenazadas tanto por el poder de un Estado dirigido por la derecha que no cree en las libertades individuales sino sólo en las del mercado financiero y bursátil, como por el de las grandes empresas de los medios de comunicación que sólo se interesan por sus ganancias. Si bien se trata de viejas amenazas, ahora presentan formas nuevas.
La libertad de opinar está sujeta a la existencia de medios para hacerlo. Pero estos medios se encuentran subordinados a formas de censura como el control publicitario, tanto del Estado como de empresas que pueden boicotearlos. Casos como el de Radio Monitor no es el primero en ocurrir en nuestra relativa democracia.
Esa es la misma amenaza que cimbra la libertad de difusión. No son las empresas las titulares de los derechos humanos sinos las personas físicas, los individuos humanos. Las empresas, como sabemos, como vemos a diario, son creadas y viven para obtener ganancias. La libertad de difundir, de hacer públicas ideas de todos los géneros, no necesariamente concuerda con el interés de las empresas difusoras. Por eso, la libertad de prensa no se ve cumplida con el solo hecho --si algún día llega a suceder-- de que el Estado o las grandes empresas contratistas de publicidad no intergan a través de censura directa o indirecta en los contenidos de los medios.
La libertad de dufusión, dado que también responde al derecho a ser informados, debería contener una acción afirmativa que encuentre su realización. Es decir, no sólo debe basarse en la abstención del Estado a intervenir en las decisiones de publicación, sino que éste también tendría que estar obligado a garantizar la pluralidad de opinión mediante acciones que la propicien dentro de los medios existentes o incluso en otros.
Finalmente, en relación a la libertad de manifestación de ideas que sucede en reuniones públicas, como marchas mítines, plantones, etcétera, existe actualmente una oleada derechista que busca hacerla nugatoria por medio de una regulación represiva. Con el pretexto de regular las molestias que generan en las vialidades urbanas, se pretende impedir su ejercicio o hacerlo fácil carne de represión policiaca.
Mientras en diversos países como España, con una herencia sobrerregulatoria proveniente del franquismo , se ha ido eliminando la cantidad de requisitos que se debían cubrir para realizar una manifestación, hasta quedar en un aun criticable aviso a la autoridad, la cual puede objetar la realización de la manifestación, en México se pretenden poner no sólo requisitos sino dar facultades a la autoridad para reprimir las manifestaciones a su discrecional criterio.
O sea que esa legislación habría servido no para impedir un 1968 o un 1971, sino ¡para que no fueran ilegales! Muy al estilo de la legalidad panista: no importa lo que se haga sino que se haga legalmente.
Quién dijo que no existe el cambio en México: Mientras el PRI impedía la libertad de expresión en sus tres connotaciones, el PAN sólo propone reprimirla...
17 de septiembre de 2007.
