Lenia Batres Guadarrama
Esta ha sido una semana intensa en cuanto a censura en México.
El 1o. de septiembre, la imagen y voz ¡de la presidenta del Congreso de la Unión! fue retirada de la cadena nacional de la televisión mexicana por la oficina de comunicación de la Presidencia de la República, cuando explicaba que no recibiría el Informe de Gobierno de un presidente ilegítimo.
Luis Mandoki y Federico Arreola, por su parte, dieron a conocer la censura al documental sobre Andrés Manuel López Obrador de Luis Mandoki, uno de los mejores directores de cine mexicanos, por Televisa con la Wartner Brothers, que ya se había comprometido a comercializarlo.
Pero antes el gobieno panista ya había censurado a Radio Monitor, retirando la publicidad oficial y promoviendo su boicot publicitario, porque fue en esa estación en la que se destapó la candidatura de Andrés Manuel. Y, claro, también habían censurado el águila juarista de los billetes de 20 pesos. Y no podemos dejar de mencionar que prácticamente todos los medios de comunicación han censurado la existencia misma de López Obrador. Sus giras, sus opiniones, los comunicados de su gobierno legítimo...
¡Qué obsesión!
Es parte del costo de la ilegitimidad que venimos pagando los mexicanos. ¿Hasta cuándo?
Esta misma semana, sin embargo, también han ocurrido dos hechos trascendentes para dos medios de comunicación críticos, uno en México y otro en Argentina, y por lo tanto, para la libertad de expresión misma.
En México, desconocemos las circunstancias específicas en que sucedió, pero Radio Monitor pudo reanudar sus transmisiones el pasado 2 de septiembre, luego de que tuvo que retirarse del aire el 29 de junio por la asfixie publicitaria panista. Enhorabuena. Ojalá que eso no haya implicado ninguna concesión de José Gutiérrez Vivó al gobierno que organizó el boicot en su contra y podamos seguir contando con una estación sensible a las necesidades de los mexicanos y escuchando la pluralidad que no gusta al gobierno derechista de Calderón.
En Argentina, como se puede observar brevemente en las notas de prensa ubicadas en la sección Publicidad Oficial de este blog, la Corte Suprema resolvió a favor del diario local Río Negro una demanda interpuesta desde 2005 contra la decisión del gobierno de la provincia de Neuquén, de ser discriminado de la contratación de publicidad oficial.
El máximo tribunal argentino estableció que "no es lícito privar" de publicidad oficial "a un diario cuando difunde una noticia contraria al gobierno". Ahora el gobierno de Neuquén tiene 30 días para presentar un plan de distribución de publicidad oficial en el que no podrá adjudicar publicidades "de modo discriminatorio" .
En el juicio se acreditó que a partir de la publicación de una noticia sobre la pretensión del gobernador de la provincia para cubrir vacantes de jueces con abogados vinculados a él, el gobierno retiró totalmente la publicidad oficial que le daba en forma habitual.
Los magistrados del alto tribunal establecieron que “la publicidad oficial tiene una incidencia importantísima como modo indirecto de afectar la libertad de prensa y el Estado debe acreditar la existencia de motivos razonables que justifiquen su decisión de negarla”.
En su edición de hoy, el diario La Nación, informa sobre el caso:
"En la resolución, el máximo tribunal da por probado que el Estado provincial contrató publicidad oficial con la editorial reclamante (la que edita el diario Río Negro), que la interrumpió tras la difusión de la noticia sobre los jueces y que volvió a poner avisos en la publicación ´después de promovida la demanda´.
"Además, consideró que ´no hay un derecho por parte de los medios a obtener una determinada cantidad de publicidad oficial´ y en el mismo sentido que ´no hay ninguna ley nacional ni declaración de derechos en el ámbito internacional que establezca ese derecho´. Libertad de expresión. Por ello, señala que ´el Estado tiene libertad para asignar los recursos´ pero advierte: ´No puede hacerlo como un modo indirecto de limitar la libertad de expresión´."
El fallo judicial argentino sirve como magnífico antecedente para que se deje de considerar patrimonio de los titulares de los gobiernos a la publicidad oficial y pase a ser, como debiera todo rubro de gasto del Estado, un asunto de interés público.
5 de septiembre de 2007
